Aten

A 11 AÑOS DE IMPUNIDAD, LXS DOCENTES ESTAMOS EN LA CALLE DEFENDIENDO LA ESCUELA PÚBLICA

tap-3_4_18.jpg
A dos días de cumplirse 11 años del asesinato de nuestro compañero Carlos Fuentealba, resulta imperioso que hagamos el esfuerzo de analizar los contextos en que se dan nuestras luchas.Los años 90 se caracterizaron por el ajuste, la flexibilización laboral, las privatizaciones y el intento de aplicar la Ley Federal de Educación, para sacar del presupuesto del Estado Nacional toda inversión en educación, transfiriendo a las provincias lo poco que quedaba bajo su responsabilidad.
Frente a los justos reclamos sociales para defender y recuperar derechos perdidos por las políticas de exclusión imperantes, la respuesta del Estado fue la negación de la organización social y la represión. El antecedente inmediato a lo ocurrido en Arroyito fue la orden de la Zona Liberada, en el acceso a la destilería de Plaza Huincul, reconocida públicamente por el ex gobernador Jorge Sobisch en 2006.
Hoy, luego de la Ley de Financiamiento Educativo que volvió a comprometer el presupuesto nacional para sostener la educación pública, volvemos a una etapa de ajuste. El ministerio, sin escuelas, vuelve a desentenderse de su responsabilidad de ser garante del derecho a la educación, negando la paritaria nacional, subejecutando presupuesto y eliminando programas socioeducativos.
La firma del Pacto Fiscal del año pasado impuso a las provincias las pautas de achique que se exigen desde Nación y pretenden que lxs trabajadorxs de la administración pública paguemos el costo con propuestas salariales por debajo de la inflación estimada para este año.
En este escenario se desarrolla el conflicto educativo en Neuquén. Mientras el Gobierno nos responsabiliza de nacionalizar el reclamo, resulta absolutamente claro que son las condiciones impuestas por Nación, y aceptadas por la Provincia, el obstáculo para resolver el conflicto.
La última mesa fue el 20 de febrero; allí el gobierno ofreció prorrogar sólo por el primer trimestre la cláusula de actualización utilizada en 2017. Es decir, que si la inflación acumulada desde enero a marzo diera 6% (se estima por encima de esto), ese sería el único porcentaje ofrecido para todo este año. Si hay voluntad de cumplir con la cláusula todo el año, como dice la propaganda oficial, no debería haber impedimento alguno para firmarla y tenerla como compromiso junto al resto de los reclamos planteados. La mesa de negociación sería el ámbito donde discutir este y todos los temas. Por eso seguimos esperando la convocatoria.
Decimos también que nuestro pedido no es solo salarial. De los jardines anunciados se iniciaron menos de la mitad, las obras están paralizadas y la empresa contratada se retiró por falta de pago. Son espacios sumamente necesarios para garantizar banco para unos 6.600 niños y niñas entre 3 y 5 años. Las partidas de comedor y refrigerio son inadmisibles: $12.30, por día, por alumnx. Es clara la necesidad de incrementar estos valores urgentemente para ofrecer la nutrición mínima, como también tener establecimientos en condiciones y un servicio de transporte que garantice igualdad de oportunidades y posibilidades.
En este contexto llegamos a otro 4 de abril sin Justicia Completa, y esto no es un slogan. Justicia Completa obliga a pensar que no se trató de un acto individual sin control del Estado. Arroyito fue un operativo planificado en el núcleo más íntimo del Poder, supervisado y ejecutado con presencia de la cúpula de la Policía y representación del Ministerio de Seguridad. Por lo tanto, ha sido un acto de Gobierno que debe ser juzgado como una acción violatoria de los Derechos Humanos y, por lo tanto, imprescriptible. La Justicia no devuelve vidas, ni sueños, ni tiempos compartidos. Pero sí debe devolver justicia y evitar nuevos crímenes.
El trámite está en la Corte Suprema de Justicia de la Nación y fue declarado admisible. Mientras, nosotrxs seguiremos reclamando un año más JUSTICIA COMPLETA, por Carlos, por Camila, por Ariadna, por Sandra y por todxs lxs compañerxs que estuvimos ese día en Arroyito defendiendo la dignidad docente y la educación pública.