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Los IFD y Escuelas Superiores Rechazan Colectivamente el Operativo Enseñar! Cutral-có, (Neuquén), 24 de octubre de 2017.

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PRONUNCIAMIENTO PÚBLICO RECHAZO AL OPERATIVO ENSEÑAR
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE NIVEL SUPERIOR DE LA PCIA DE NEUQUÉN
JUSTICIA POR SANTIAGO MALDONADO. EL ESTADO ES RESPONSABLE!

Docentes y Estudiantes de los Institutos de Formación Docente y Escuelas Superiores de la zona Confluencia (IFD N° 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9,10, 12, 13, 14, Esc. Sup. de Música (Nqn. yZapala) y Esc. Sup. De Bellas Artes), reunidxs en el marco del Consejo Interinstitucional-extraordinario (CI), que sesionó en la ciudad de Cutral-có el día 24/10, una vez más, pusimos en debate y discusión el “Operativo Enseñar”( política de Nación que la Provincia de Neuquén a través de la DGNS avala -Res. 1647 del 19 de octubre del corriente año); arribando al rechazo pleno y colectivo de dicho dispositivo. En el marco de este tercer CI extraordinario, esgrimimos los siguientes argumentos y consideraciones: • Rechazo categórico y unánime al “Operativo Enseñar”, por tratarse de un instrumento de política neoliberal y neoconservadora basado en los lineamientos que el Banco Mundial propone para Argentina y que el Gobierno Nacional de turno, toma como recetas a aplicar en desmedro de la educación pública, del derecho a la educación, del trabajo docente, y del sistema formador. Este Operativo que se desprende del Plan Maestro y la Declaración de Purmamarca, entiende a la evaluación como un mecanismo de “rendición de cuentas” que se reduce a medir los rendimientos y desempeños de estudiantes y docentes de forma descontextualizada y por fuera de las instancias de enseñanza y de aprendizaje que se producen en los diversos contextos educativos y culturas escolares. Aquel aplica pruebas estandarizadas que operan como control y mecanismo para la construcción de datos sobre resultados que permiten: 1) elaborar rankings de escuelas, ciudades, países 2) dejar abierta la posibilidad para encadenar las condiciones del trabajo docente (dentro de ellas el salario) a los niveles de desempeño/rendimiento, a la meritocracia y el credencialismo 3) legitimar una política ya pergeñada de deslegitimación del sistema formador a los efectos de justificar políticas de trasformación neoliberal tecnocrática, el ajuste presupuestario, el desfinanciamiento del sistema formador y el desmantelamiento de los programas socioeducativos. Ya que para este gobierno de restauración conservadora “la educación es un gasto y cada cual según sus posibilidades debe cubrirlo, siendo el sector empresarial el que brinda el servicio”. El Operativo se asienta sobre dos paradigmas: la rendición de cuentas que pretende generar sujetxs sujetadxs a resultados de eficiencia y eficacia en búsqueda de “calidad”, preocupadxs por los incentivos y por sostenerse en el puesto laboral; y la responsabilidad social que estimula el empoderamiento de la sociedad civil con el propósito de delegarle funciones según los resultados obtenidos. La rendición de cuentas y la ideología de la responsabilidad social por los resultados educativos, forman parte de esta embestida y constituyen una nueva tecnología de gobierno. • Denunciamos a su vez que lo expuesto arriba implica un claro corrimiento del Estado como garante del derecho a la educación cuando se performatea como Evaluador y propone en los documentos fortalecer mecanismos con los distintos actores de los sectores productivos para garantizar las habilidades que demandan los procesos de trabajo. Asimismo, los que opten por la docencia deberán desarrollar competencias, tener habilidades y antecedentes académicos que ameriten su ingreso. (sic) • En este sentido, sabido es que este operativo tiene prevista la entrega de un diploma de reconocimiento que acredite la contribución de cada estudiante que haya realizado la evaluación y el cuestionario complementario. Como así también, propone “otorgar una placa de reconocimiento a los institutos participantes del “Enseñar” y, además, una distinción especial para aquellos que superen el 95% de participación de los estudiantes en la evaluación”. Dada las características de las políticas educativas de esta gestión, en las cuales se prioriza la mirada meritocrática, nos preocupa mucho el uso de esta lógica de “premios” en el campo de la formación de los futuros profesores. • Asimismo entendemos que el Operativo, al plantearse como “prueba de idoneidad” o “acreditación de estudios”, desconsidera la totalidad de los procesos de enseñanza y aprendizaje llevados a cabo durante cuatro años en las múltiples trayectorias estudiantiles. Es decir, se constituye en un dispositivo de mero control, en el que las instituciones de educación superior quedan relegadas al lugar de simples aplicadoras de una evaluación externa; el conocimiento reducido a mercancía y el docente equiparado a un prestador de servicios. Se desconocen así, todas las funciones propias y dispositivos disponibles del sistema formador, tanto a nivel de las políticas educativas como de las acciones institucionales. Lejos de promover la formación de docentes con conocimientos sustantivos, situados y emancipadores, este dispositivo evaluativo está diseñado para readecuar el sistema formador a las necesidades empresariales. Sostenemos que la educación es un derecho social que debe ser garantizado por el Estado, no un servicio promovido desde el sector empresarial ante un Estado ausente. Cuando hablamos de educación, estamos refiriéndonos a qué tipo de sociedad queremos, qué valores son los que se promueven y dónde radican las garantías y responsabilidades en la construcción de una sociedad justa. • Esta embestida de políticas neoconservadoras, características de un Estado subsidiario, que promueven la iniciativa privada construyendo subjetividades individualistas, meritocráticas, competitivas, excluyentes y de vulneración de derechos son las que la Provincia de Neuquén está replicando y aplicando en el terreno educativo. A saber: los procesos unilaterales en la toma de decisiones respecto a: los fondos destinados a la Investigación y Extensión en los IFD, las nuevas carreras que se abren y las que se cierran, líneas de financiamiento para proyectos, tecnicaturas, convenios, financiamientos diversos. A su vez cuando se convoca a Consejos Interinstitucionales estos temas no se tratan, al tiempo que se desconocen planteos, petitorios y resoluciones de los CI Autoconvocados (Ver Título I Capítulo II del ROM). Por ejemplo la demanda de políticas educativas para la primera infancia.
En esta línea exigimos a la DPNS:
  • Que garantice los mecanismos de participación a través de los órganos colegiados consignados en el Reglamento Orgánico Marco provincial (ROM) y reconozca la legitimidad de las decisiones emanadas de dichos órganos de gobierno; ya que claramente transgrede y traiciona la letra del reglamento marco, al arribar a resoluciones arbitrarias e inconsultas que soslayan la participación de los ISFD y desconocen los principios de “Nueva Institucionalidad”.
  • Que impulse políticas de desarrollo curricular necesarias en todo proceso de construcción, ausentes en los 7 años de implementación de los Diseños curriculares del nivel terciario para la Formación Docente en la provincia.
  • Que, ante las demandas de creación de nuevas carreras, garantice la participación en la toma de decisiones (pertinencia, condiciones, ubicación geográfica, recursos, entre otras) de los IFD y Escuelas superiores. Asimismo exigimos que las creaciones no afecten el funcionamiento ni los recursos de las carreras ya existentes y que no haya desigualdad en las condiciones laborales de los docentes designados para las mismas.
  • Que convoque con celeridad a Consejo Interinstitucional (CI) con el propósito de consensuar el texto (ya avanzado) de la Resolución que regula la función de Extensión; que se avance en la normativa correspondiente a la función de Investigación y promueva la pronta aprobación de las mismas en el CPE.
  • Que acompañe el diseño colectivo de una agenda de sesiones de CI que atienda a las necesidades y demandas de los IFD y Escuelas superiores de la provincia.
  • Finalmente, exigimos que revea la postergada solución a nuestra precaria e inestable situación de revista (interinatos sin posibilidad de acceso a las titularizaciones).Este pronunciamiento, avalado por Docentes, Equipos Directivos y Estudiantes presentes en el mencionado CI, refleja nuestra toma de posición colectiva y sienta las bases de nuestro accionar político conjunto en materia de esta pretendida y seudo evaluación, la que resolvemos no implementar.Necesitamos y exigimos una educación pública, crítica, libertaria, feminista, intercultural, decolonial, plural, digna, laica, justa y emancipadora; atendiendo a las diferencias que nos constituyen como sujetxs y pueblos situados en este territorio que resiste la embestida colonial y neoliberal.